La CE investiga posibles datos falsos presentados por la Comunidad Valenciana

Es la primera vez que la Comisión recurre a los poderes que le da el 'six pack', para investigar presuntos casos de manipulación de datos de deuda y déficit de un Estado miembro. La CE no prejuzga si ha sido un error, si los datos han sido manipulados de forma deliberada o consecuencia de una negligencia grave pero va a investigar los datos falsos que le ha presentado la Comunidad Valenciana.

Edificio del hospital de La Fe de Valencia
Hospital de Valencia

Es la primera vez que la Comisión recurre a los poderes que le da el 'six pack', el paquete de seis instrumentos legislativos de supervisión macroeconómica para investigar presuntos casos de manipulación de datos de deuda y déficit de un Estado miembro. La CE no prejuzga si ha sido un error, si los datos han sido manipulados de forma deliberada o consecuencia de una negligencia grave pero va a investigar los datos falsos que le ha presentado la Comunidad Valenciana.

La Comisión Europea (CE) ha anunciado hoy la apertura de una investigación por una posible manipulación del déficit de la Comunidad Valenciana a lo largo de varios años, así como de los datos oficiales de deuda pública elaborados por las autoridades valencianas.

En concreto se trata de datos relacionados, sobre todo, con el gasto sanitario tal y como ha afirmado Emer Traynor, portavoz comunitaria. Traynor ha querido dejar claro que esta sospecha no incluye todas las estadísticas nacionales presentadas por España, «quiero recalcar enérgicamente que esta investigación, que está relacionada con una sola región y con un solo tipo de gasto, que es el gasto sanitario, no pone en duda la precisión de las estadísticas nacionales de España», ha manifestado.Es la primera vez que la Comisión recurre a los poderes que le da el 'six pack', el paquete de seis instrumentos legislativos de supervisión macroeconómica para investigar presuntos casos de manipulación de datos de deuda y déficit de un Estado miembro. La CE no prejuzga si ha sido un error, si los datos han sido manipulados de forma deliberada o consecuencia de una negligencia grave pero va a investigar los datos falsos que le ha presentado la Comunidad Valenciana.

Ahora toca comprobar si estas dudosas cifras están equivocadas o no. Y si lo están, si han sido manipuladas deliberadamente o si en cambio, se trataría de una grave negligencia del gobierno valenciano. En el caso de que las cifras no sean las verdaderas, cabría analizar si éstas afectan a los datos tanto de déficit como de deuda de otros ejercicios anteriores, tal y como ha manifestado la C.E en un comunicado.

Traynor ha declarado que esta investigación, «se va a centrar sobre la incapacidad de la Comunidad Valenciana a la hora de publicar determinados gastos sanitarios durante muchos años y su incumplimiento de las normas comunitarias sobre información estadística».

La Comisión asegura que fueron las autoridades españolas las que notificaron a Eurostat el problema y que lo hicieron en 2012, porque habrían descubierto facturas sin notificar. «La investigación analizará en detalle durante cuánto tiempo ha sucedido y dónde se sitúa la cadena de responsabilidades» ha dicho la Comisión.

En mayo de 2012, las autoridades españolas de estadística informaron a Eurostat de que el déficit de las administraciones públicas correspondiente a 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 % del PIB respecto a lo que habían notificado unas semanas antes, debido a que habían detectado gastos sin notificar en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.

Eurostat procedió a hacer inspecciones de carácter técnico en España y consideró que lo de Madrid podría ser un ajuste excepcional, pero que el asunto de Valencia era preocupante.

Resultó que la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años. Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no había respetado el principio de devengo previsto por los reglamentos a nivel nacional y de la UE.

A esto hay que añadir que no había atendido, al parecer, a los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y a las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas.

A raíz de las inspecciones, Eurostat publicó un informe con recomendaciones detalladas para que la información estadística que facilitan las autoridades autonómicas y locales se ajustara a la realidad. Eurostat ha colaborado con las autoridades españolas en la aplicación de estas recomendaciones y sigue estando muy atento a la situación, dice en un comunicado.

La corrección del déficit de las administraciones públicas españolas se recogió en la notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2012. Eurostat destaca que siempre ha publicado sin reservas los datos españoles.

En septiembre de 2013, Eurostat efectuó una inspección en España para confirmar que la notificación de la Comunidad Valenciana había sido incorrecta.

Concluyó que la Comisión debía abrir una investigación sobre la tergiversación de los datos del procedimiento de déficit excesivo. Siguiendo esas recomendaciones la Comisión abre ahora esa investigación oficial. Algirdas Šemeta, comisario responsable de las estadísticas, ha dicho que no está dispuestos a transigir con la calidad y la credibilidad de las estadísticas europeas.

Ha añadido que la UE depende de esos datos para tomar decisiones fundadas y de estadísticas fidedignas para formular sus políticas. «La Comisión utilizará todos los medios a su disposición para velar por que las estadísticas de los Estados miembros reflejen fielmente la situación económica y sean compiladas y notificadas con arreglo al Derecho de la UE» ha afirmado Šemeta

Los Estados miembros están obligados a notificar sus datos de déficit y deuda a Eurostat dos veces al año, en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos estadísticos europeos.

Desde noviembre de 2011, la Comisión puede incoar una investigación en caso de sospecha de que esas estadísticas estén manipuladas. El Reglamento de la UE establece procedimientos de investigación y permite la imposición de sanciones financieras (de hasta el 0,2 % del PIB) en caso de manipulación de las estadísticas.