El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido a España que paralice la expulsión de 15 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura y se les denegó el asilo político. La Audencia Nacional acata la resolución y suspende su repatriación a Marruecos.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recurrió a Estrasburgo por entender que existe «un riesgo real de sufrir represalias en caso de su devolución y entrega a las autoridades marroquíes», ya que sus identidades han sido difundidas por los medios de comunicación. El Tribunal europeo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, el eventual peligro que podrían correr los demandantes, sólo pide más tiempo para estudiar el caso «por el buen desarrollo del procedimiento» y, por tanto, pide que se paralice la expulsión.

El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que se acata la resolución de Estrasburgo, pero ha añadido que «está convencido de que una vez que analicen esta cuestión, verán que la sentencia y la decisión de la Audiencia Nacional es razonada en derecho y cumple perfectamente las garantías del derecho de asilo».

22 saharauis llegaron en una lancha neumática a Fuerteventura el pasado 5 de enero y todos solicitaron asilo político. El gobierno admitió la petición de cinco de ellos. Uno decidió no presentar reexamen y fue expulsado a Marruecos. Los otros pidieron que se volviera a estudiar su petición, que fue rechazada. Plantearon entonces desde CEAR un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el que pedían medidas cautelares para evitar la expulsión. El tribunal también las rechazó, por lo que se decidió recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.