En San Bernardino Chalchihuapan, un municipio del estado mexicano de Puebla, supieron de mala manera las consecuencias de protestar, ahora que una ley permite el uso de armas para disipar concentraciones públicas. Sus habitantes fueron duramente reprimidos cuando se manifestaban contra otra norma que, aducen, atenta contra su autonomía. Desde mayo, en unos 190 pueblos del estado nadie ha nacido, ni se ha muerto, ni se ha casado. Al menos, oficialmente, porque no hay actas.

El próximo 1 de agosto entrará en vigor el Convenio de Estambul, un tratado histórico del Consejo de Europa dedicado a la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. No podía llegar en mejor momento. La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida en el día a día de Europa; la violencia en la pareja sigue estando entre las principales causas de muerte no accidental, lesiones y discapacidad de las mujeres.

El abrumador poder de fuego israelí desatado sobre el movimiento armado palestino Hamás en el conflicto en Gaza recuerda a la guerra de la independencia de Argelia (1954-1962), cuando Francia, la potencia colonial, utilizó su superioridad militar para atacar a la insurgencia.

Mientras la fuerza aérea francesa arrojaba napalm sobre la población civil en el campo, los argelinos recurrían a bombas artesanales escondidas en los bolsos de mujeres que luego abandonaban en cafés, restaurantes y lugares públicos frecuentados por los franceses.

Casi 20 años después del genocidio de Srebrenica, el Estado holandés ha sido declarado culpable, por un tribunal de la Haya, de la deportación y muerte de 300 musulmanes varones de esta localidad bosnia, de mayoría musulmana (bosnios), masacrada por tropas serbias del 11 al 22 de julio de 1995. Proclamada zona segura por la ONU, los civiles de Srebrenica debían estar protegidos por un destacamento de Cascos Azules holandeses.

J. Marcos y Mª Ángeles Fernández / Lisboa

La crisis siembra pobreza y cada vez hay más personas sin hogar en Europa. De forma paralela, los gobiernos refuerzan la penalización de la mendicidad con nuevas leyes que dificultan el día a día de quienes viven y duermen en las calles. Las legislaciones a favor de la integración son la excepción.

Cerca de 4.485 personas demandaron asilo en España en 2013, un 75% más que el año anterior. Es el tercer país de la UE en el que más han aumentado las solicitudes, tras Hungría y Bulgaria, según el último informe de la agencia europea de asilo.

Cuando se detectan episodios de violencia sexual, contra hombres, mujeres o menores de edad, en las misiones de paz de la ONU, ésta no demora en identificar a los responsables y expulsarlos a sus países de origen. Pero prácticamente no puede hacer nada para procesarlos, hacer justicia o asegurar una adecuada indemnización a las víctimas.