La Comisión Europea considera ilegales las ayudas que la Generalitat concedió a los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz. El vicepresidente de la Comisión, responsable de competencia, Joaquín Almunia, dice que «el sector cinematográfico español es dinámico y competitivo. Además de que no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador, se penaliza, por encima de todo, a los operadores existentes y a los nuevos operadores portenciales que han de actuar sin financiación estatal» y añade que «en el actual clima económico las consecuencias pueden ser desastrosas».

La CE abrió en 2008 una investigación a raíz de varias denuncias sobre la financiación que la Generalitat Valenciana proporcionaba a los estudios de cine Ciudad de la Luz. Después de un minucioso estudio ha llegado a la conclusión de que el mercado europeo de los grandes estudios es muy competitivo y lo es cada vez más con la adhesión de 12 Estados en 2004 y 2007 y la creación de nuevos estudios de gran tamaño.

En medio de ese panorama, que se creara un proyecto al margen de los que ya existían en Madrid y Barcelona no parecía muy comercial. La evaluación económica concluyó que un inversor privado no habría financiado la Ciudad de la Luz. La ayuda estatal que recibió vulnera las normas comunitarias a no ser que se pudiera demostrar que los estudios fueran de interés común europeo, algo que no se hizo.

Según la Comisión, no se han logrado los objetivos nacionales ni internacionales de unos estudios que se presentaron con el objetivo de convertirse en el segundo mayor complejo de estudios cinematográficos de Europa y atraer cada año varias producciones españolas e internacionales. Entre 2005 y 2009 se rodaron 33 películas, 28 españolas y 5 coproducciones de la UE. «Como consecuencia -dice la CE- la explotación comercial ha sido cada vez más deficitaria.

El complejo cinematográfico es propiedad de la empresa Ciudad de la Luz SAU, que pertenece a la Generalitat Valenciana a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

En estos momentos se haya en proceso de privatización y tiene una deuda de más de 190 millones de euros, que además tenga que devolver 265 millones a la Generalitat pone mucho más difícil la posible venta.