¿Quién se queda en el piso?

¿Qué pasa con la vivienda habitual después del divorcio de una pareja de distinta nacionalidad?

Y si uno de los cónyuges muere ¿Qué pasa con la cuenta bancaria?. O si tienen la misma nacionalidad pero, pero sus propiedades y cuenta bancaria está en el extranjero?. Muchos ciudadanos de la UE se encuentran con alguno de estos problemas y solucionarlos, es decir, encontrar las leyes que se deben aplicar y los tribunales que deben discernirlos. La Comisión europea propone unas normas que ayudarán a aclarar las leyes que rigen los derechos de propiedad de los matrimonios mixtos y el tribunal competente.

Dos anillos de boda
Foto:CC

Solucionar los problemas que se presentan a los muchos matrimonios cuyos cónyuges tienen diferente nacionalidad a la hora de divorciarse o cuando uno de ellos muere en la UE, es lo que se propone la CE con dos Reglamentos que acaba de presentar.

La UE reconoce que la muerte de un cónyuge o el divorcio son circunstancias dolorosas que se ven agravadas, en muchos casos, con complicados procedimientos administrativos o legales que consumen tiempo, paciencia y dinero. El ejecutivo comunitario propone dos reglamentos diferentes, el primero con disposiciones relativas a las parejas casadas y el segundo a las uniones registradas. Ambas son iguales respecto al género y a la orientación sexual de las parejas. El matrimonio es una institución legal reconocida en los veintisiete Estados de la Unión. En cinco de ellos, se realizan tanto entre parejas de distinto como de igual sexo. Las uniones reconocidas legalmente es una figura jurídica más reciente reconocida en 14 Estados miembros que también reconocen las uniones entre personas del mismo sexo.

Las propuestas que hace la Comisión:

Permiten a los matrimonios internacionales, escoger la ley aplicable a su patrimonio común en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o divorcio.

Aumentan la seguridad jurídica de las uniones registradas al someter, como regla general, los bienes a la ley del registro de la unión.

Aportan seguridad jurídica al establecer las reglas que permiten determinar el país cuyos tribunales son competentes, así como la ley aplicable.

Aligeran el proceso permitiendo a las parejas un ahorro de entre 2000 y 3000 euros por caso.

En la UE hay en la actualidad unos 16 millones de parejas internacionales. Las leyes y los procedimientos son muy diferentes de unos países a otros, de forma que los costes de la resolución de conflictos ascienden a más de 1 millón de euros anuales. Las nuevas propuestas permitirán ahorrar hasta una tercera parte.